La confianza de los argentinos, escribe Hector Muñoz

Desde la recuperación democrática, los argentinos nos hemos expresado libremente en las urnas y tuvimos los gobiernos que elegimos. Ese dato no debe ser desatendido y una conducta cívica responsable nos obliga a recordarlo siempre.

Hoy valoramos a los sucesivos gobiernos por cómo actuaron con respecto a las expectativas que en nosotros despertaron, los hayamos o no votado. Y es ahí donde la diversidad se hace explícita puesto que las demandas de la sociedad no son iguales aunque sí, es lo que creo, debieran tener en común un mínimo acuerdo respecto de que ningún gobierno democrático puede actuar en perjuicio de los argentinos que más necesitan.

La administración del Estado obliga a los gobernantes a actuar en la corrección de las desigualdades que, sin su intervención, se harían perpetuas, se tolerarían como naturales y hasta serían justificadas por inconfesables teorías de compensaciones. Esto es inadmisible. Sin embargo estas concepciones aparecen con preocupante frecuencia en el discurso de diferentes actores sociales, políticos y económicos del país que, no son otra cosa que miembros de la sociedad en la que vivimos, ese espacio social general donde algunos tienen muy presente sus derechos pero ignoran los de los demás.

Un claro ejemplo de la voluntad por velar por los derechos de los más necesitados es la instrumentación de la Asignación Universal por Hijo por parte del actual gobierno nacional, una medida política que protege a 3.800.000 niños argentinos. Eso pasa ahora pero antes, desde 1997 al 2003, este beneficio sólo llegaba a unos pocos y por un monto exiguo. Con el último aumento otorgado, la asignación familiar creció un 550 por ciento.

Por la ley de movilidad que establece dos aumentos por año en los haberes jubilatorios, en este 2010 nuestros abuelos recibieron una mejora del 26,49 por ciento en sus ingresos y la jubilación mínima llegó a los 1091,50 pesos. Se incluyeron 2.500.000 argentinos al sistema previsional elevando la cobertura del 57 a casi el 90 por ciento de la población en edad jubilatoria.

Con el último incremento, la Asignación por Discapacidad pasó de 720 a 880 pesos por hijo discapacitado.

Estos aumentos representan un 57 por ciento del Presupuesto Total de Gastos aprobado por el Congreso de la Nación y es dinero destinado a jubilados, pensionados, niños y pequeños con capacidades diferentes. Y todo sin aumentar la presión tributaria.

El gobierno tomó estas medidas pero pudo haber tomado otras con beneficiarios bien diferentes. Y esa decisión es política.

Ahora, ¿cómo es percibido por la sociedad este conjunto de medidas? En una conversación reciente, el profesor Gerardo Russo me señalaba los resultados de una encuesta de la consultora OPSM publicada en página/12 con el título "Un balance con más en el haber". Tuvo además la generosidad de enviarme el trabajo que muestra que el 62 por ciento de los argentinos tiene confianza en la situación económica del país, un porcentaje similar dice que vienen tiempos mejores para el país y la mitad de los encuestados dice no tener temor de perder el empleo. Son números que marcan una gran diferencia con lo que ocurría en el país hace sólo 10 años atrás. Hoy el optimismo anima el espíritu de los argentinos.

Cuando este gobierno concluya, como sociedad nos quedará para responder qué expectativas teníamos con la presidencia de Cristina Fernández, recordar qué demandas estábamos planteando y definitivamente decir con todas las letras qué deseos nos impulsan a seguir eligiendo, antes que a un gobernante, un sistema democrático que multiplica derechos y posibilita transformaciones.

Héctor Guillermo Muñoz